La corrupción urbanística en España va adquiriendo unas dimensiones desproporcionadas. Los expertos afirman que lo que sale a la luz es un porcentaje ínfimo del total casos que se estarían dando a lo largo de la geografía española. Sólo hay que analizar por encima todas aquellas recalificaciones o proyectos urbanísticos que hayan adquirido una cierta dimensión para identificar condiciones en las que los privilegios, favoritismos, tráficos de influencias, comisiones, etc. se perciben para explicar posturas políticas que no casan con la coherencia de la racionalidad o la defensa de los intereses más generales de los ciudadanos.
La corrupción urbanística: una dimensión desproporcionada
Algunos diarios europeos -es el caso de The Guardian hace tan sólo unos meses- daban detalles de la entidad que la corrupción urbanística estaba alcanzando en España, especialmente en el litoral español.
No hace falta hacer mención al caso de Marbella, en el que la manzana podrida llegó a extenderse de tal forma que prácticamente implicó a casi todos los estamentos del Ayuntamiento. Lo peor del caso es que aunque los indicios, evidencias y formas pedían a gritos una intervención más activa, ni el Gobierno (de los dos signos, conservador de Aznar y socialista de Zapatero), ni la justicia actuó con diligencia hasta que el caso adquirió una dimensión desproporcionada.
Estas últimas semanas la corrupción urbanística sale todos los días a los medios de comunicación con nuevos casos. Todo parece indicar que la fiscalía anticorrupción no dará abasto en los proximos meses. Según los especialistas dos motivos concurrentes justificarían que afloren con fuerza los casos de corrupción urbanística en la actualidad:
- La proximidad a las elecciones municipales y autonómicas. El poder local se convierte en un apetitoso plato de intereses urbanísticos. Y la lucha por la tarta traerá más de un problema y tensión, filtrando información a los medios en forma de cintas, documentos u otras pruebas.
- El descenso de las ventas inmobiliarias. Los precios de las viviendas han subido mucho. Los tipos de interés también. Vender es más difícil. Las promesas de algunos y las expectativas de otros son más difíciles de cumplir. Y los conocedores de favores no van aceptar facilmente segundos platos vacios. ¿Tensiones, chantajes?. Todo podría ser posible conforme las elecciones se acercan y la posibilidad de algunos cambios políticos también.
La entidad de la corrupción urbanística estos días se ha manifestado con fuerza en los medios de comunicación. Un alcalde y ex-alcalde socialistas ingresaban grandes cantidades de diseño en un banco andorrano. En una cinta, un concejal del partido popular hablaba del reparto de comisiones a gran escala vinculándolo a uno de los casos más oscuros de la democracia española: el transfugismo de dos diputados en la Comunidad de Madrid en el momento de la votación de la investidura del Presidente socialista. Un tío de la Presidenta de la Comunidad de Madrid se enriquecía con una recalificación urbanística. La cadena llegaba hasta a la familia Aznar: se filtraba que el ex-presidente Aznar era dueño de un inmueble declarado ilegal en Marbella…
La corrupción urbanística en determinadas zonas de España
En la Comunidad Valenciana y en Murcia la corrupción urbanística adquiere tintes dramáticos. Alcaldes que viven en chalets y con coches de promotores urbanísticos en sus municipios. Pueblos con millares de viviendas construidas ilegalmente, privilegios y tratos de favor investigados en manos de los jueces o de la fiscalía anticorrupción. Facturas falsas en grandes proyectos de ocio construidos con el dinero y el aval público. La fiscalía anticorrupción llegaba a investigar al propio gobierno murciano….
La entidad de los escándalos y de las evidencias contrasta con la pasividad de las instituciones y de la incapacidad de la justicia, torpedeada en ocaciones por los poderes públicos. En muchos casos, aunque la evidencia es clamorosa, los partidos cierran filas y defienden a los implicados imputados judicialmente. Negar, descalificar al adversario y mirar a otra parte son las recetas políticas aplicadas con cierta generalidad en la mayoría de los casos.
La Comunidad Valenciana -cuyo modelo urbanístico ha sido denunciado y cuestionado en Europa-, Murcia, Andalucia, Madrid, Cataluña, incluso más recientemente, en ambas Castillas, tienen casos que desvelan la entidad y extensión de las tramas de corrupción urbanística en España.
El Gobierno y la corrupción urbanística
La alarma social está llegando a adquirir tales proporciones que la Vicepresidenta De la Vega ha debido anunciar públicamente su intención de dar «tolerancia cero» a la corrupción. Ayer el Gobierno anunciaba una oferta o pacto al Partido Popular para atajar los casos de corrupción que de forma creciente afloran en España. La respuesta no se ha hecho esperar. El líder de la oposición ha rechazado el pacto y se remite a la acción de la justicia.
La salud de la democracia española
En algunos ámbitos del socialismo se comenta off the record que la mano del Partido Popular entre los jueces llega más lejos que la de los socialistas. Tanto como reconocer que la independencia del poder judicial en España, uno de los pilares en los que descansa cualquier democracia, estaría en crisis y empieza a estar cuestionada por sectores políticos.
Por si fuera poco, los escarceos entre el juez Garzón y un Consejo del Poder Judicial, dividido políticamente -según todas las fuentes-, en otro tema diferente al que nos ocupa han venido a corroborrar de forma generalizada un problema que va adquiriendo una dimensión absolutamente preocupante para la salud de la democracia española.
Así las cosas, la corrupción urbanística corre el riesgo de meterse en un agujero negro… Para una democracia como la española, surgida de foma ilusionante y con fuerza tras más de cuarenta años de dictadura, no es una buena noticia.
Noticias anteriores y temas relacionados con la corrupción urbanística:
- El urbanismo español
- Los ayuntamientos y la corrupción en España
- El urbanismo español en el Parlamento Europeo
- Corrupción inmobiliaria
- La España de los ciudadanos
- Residentes europeos en Alicante
- Rodriguez Zapatero y la Corrupción
- Rodriguez Zapatero y la Corrupción en la Costa del Sol
- La UE contra la especulación urbanística valenciana
- Situación del urbanismo en la Comunidad Valenciana
- La especulación urbana en Alicante
El fiscal pide al Gobierno técnicos expertos en urbanismo para atajar la corrupción Añadir a Mi carpeta
La Fiscalía Anticorrupción, que tiene abiertas 10 causas en España por supuesta corrupción urbanística en distintos ayuntamientos y comunidades, carece de expertos en esa materia para profundizar en sus investigaciones. (El País 24-10-2006)
Bueno se les ha olvidado que en la misma noticia El País señala:
«El Plan General de Salamanca recalifica terrenos de la familia de un consejero del PP Añadir a Mi carpeta
El PSOE califica de «pelotazo» la conversión de 32 hectáreas de suelo rústico en urbanizables» (El País 24-10-2006)
El coche incendiado del consejero de Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, está a nombre de una empresa que se llama Grandes Locales, según ha sabido la Cadena SER. Esta firma está vinculada a un grupo constructor presidido por Ramiro Cid, que ha levantado viviendas en Valdemoro, localidad madrileña de la que fue alcalde Granados (La cadena SER, 24-10-2006)
Otras moticia: El fiscal actúa contra todos los ediles de un pueblo de Almería por 1.300 chalés ilegales
Un juzgado paraliza decenas de urbanizaciones en suelo rústico destinadas a extranjeros (El País 26-10-2006)
Alcaldes valencianos planean urbanizar casi 200 millones de metros cuadrados . (El País 26 -10-2006)
Alcaldes valencianos planean urbanizar casi 200 millones de metros cuadrados. La mesa del consejero de Territorio de la Generalitat valenciana acumula solicitudes para reclasificar 194,5 millones de metros cuadrados que están fuera de ordenación. Una superficie que equivale al doble de la que ocupa la ciudad de Barcelona. (El País 26 de octubre de 2006)
esús María Pacios y Reyes Tintó, concejales del PP de Torrelodones llevaron ayer a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento gobernado por Carlos Galbeño (PP) y en la Fundación de Estudios Superiores de Torrelodones, presidida por el presidente del PP local y diputado nacional Mario Mingo. Los concejales aseguran que un promotor, Ángel Nieto, les relató cómo Mingo, presuntamente, le había exigido 150.000 euros para desbloquear un aparcamiento (El país 28-10-2006)
El Ayuntamiento de El Granado, un pueblo de 600 habitantes de Huelva, ha acordado la recalificación de 454 hectáreas de terreno protegido para construir 2.674 chalés, un hotel de 1.800 plazas y dos campos de golf en un terreno protegido junto al Guadiana. A cambio, dos promotoras de Málaga se comprometieron a pagar 3,3 millones de euros. El alcalde, Juan Manuel Burga, del PSOE, defiende que el proyecto «creará empleo en el pueblo» y los ecologistas denuncian que se trata de un pelotazo en una zona de expansión del lince (El país 28 -10- 2006)
El juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Totana (Murcia) investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera, cabeza de lista del Partido Independiente por Mazarrón (PIXM), cuyos tres concejales han permitido con su apoyo la reclasificación de más de 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico que pasarán a ser urbanizables. El 26 de septiembre, el alcalde aprobó con los votos de su partido y de los tres ediles localistas el avance del Plan General de Ordenación Urbana, que hace posible que se puedan construir hasta 43.000 viviendas en la zona norte, según la edificabilidad prevista por el Ayuntamiento (El País 30 de 10-2006)
Una muy interesante entrevista a Gimeno Sendra, catedrático de Derecho Procesal y magistrado emérito del Constitucional, en el diario INFORMACION de Alicante. Con fecha 8-11-2006:
«Los jueces de cada sitio saben del hecho punible, de tramas urbanísticas otra cosa es que quieran entender o no de estos temas. Lo que falla de la corrupción local es, sobre todo, dos elementos. Uno, la escasa formación de jueces y fiscales en toda España porque no saben lo que es un plan. Tienen cuatro nociones fundamentales pero no tienen ni idea y, además, son delitos que contienen auténticas normas penales en blanco. Y dos, la falta de una policía especializada. Se están ahora creando unidades y es fundamental que los jueces tengan la policía especializada. Y hay que sensibilizar a jueces y fiscales que estos delitos son muy perjudiciales. Parece que ahora en España hemos descubierto Marbella pero la corrupción urbanística está en esta provincia de Alicante hace muchos años y no se persigue. Nos tenemos que concienciar en que no se puede construir por ahí como se construye y que no se puede corromper a técnicos y arquitectos municipales para conseguir licencias urbanísticas que no se adecuan a los planes de ordenación urbana. Yo creo que con el tiempo se va a poner remedio a esta realidad y nos vamos a tomar muy en serio la lucha contra la corrupción local».