Atención domiciliaria a las personas mayores

La semana pasada la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC, por sus siglas en inglés) emitió un informe que ofrece una nueva visión sobre un antiguo problema que continúa empeorando: la manera en la que son atendidos en el Reino Unido los ancianos que viven en el hogar. Su investigación les ha llevado a afirmar que «cientos de miles de personas mayores carecen de protección en virtud de la Ley de Derechos Humanos» y piden que esta laguna se cierre. Muy pocos de los contratos de las autoridades locales para la atención en el hogar especifican que el proveedor debe cumplir con la legislación de los Derechos Humanos. Una de cada tres autoridades ha reducido el gasto en atención domiciliaria, y otras planean hacer lo mismo el próximo año. Muchas pagan a los cuidadores unos salarios bajos, lo que plantea serias preocupaciones sobre la remuneración y las condiciones de los trabajadores. En donde los conocimientos necesarios no son reconocidos y ni remunerados, se hace poco para mejorar la calidad de la atención domiciliaria. No es un trabajo divertido: el trabajo y los trabajadores han ser honrados y su contribución respetada.

La investigación sugiere que aproximadamente la mitad de las personas, amigos y familiares que aportaron pruebas para la investigación, expresaron verdadera satisfacción con la atención domiciliaria, pero el otro cincuenta por ciento dio ejemplos de abusos financieros, de no respeto por la privacidad y la dignidad y de un trato a las personas mayores como si fuesen invisibles. La investigación pone de manifiesto el aislamiento social generalizado y la soledad que padecen muchas personas mayores confinadas en sus hogares; y la realización de actividades sociales para estas personas está, precisamente, entre los primeros servicios de apoyo que se eliminan cuando las autoridades locales reducen su inversión.

La investigación ha demostrado que la discriminación por edad es una barrera importante para las personas mayores de 65 años que reciben atención domiciliaria y que, en ocasiones, reciben menos dinero para su cuidado que las personas jóvenes con necesidades similares. El texto de Jackie Ashley sobre el informe de The Guardian advierte de un conflicto intergeneracional, pero señala con razón que ha habido muy poco énfasis en los efectos de la situación económica sobre los ancianos, cuyos ahorros valen menos, mientras los precios suben y la atención social se retira. Ashley señala que esta es una situación que afectará a todo el mundo en algún momento de su vida. A menos que nos muramos pronto y rápido, o estemos bien protegidos con grandes cantidades de dinero en efectivo y una familia generosa y capaz, no podremos evitar la crisis de la atención social».

Pero eso es precisamente lo que está sucediendo. Y este puede ser otro informe devastador sobre la injusticia social en el Reino Unido, que el gobierno -obsesionado con otros temas que reflejan los intereses de las familias privilegiadas y de mediana edad- es probable que ignore. Sally Greengross, Comisaria de la EHRC, concluye que es fundamental que los servicios de atención respeten los derechos humanos básicos de la gente. «No se trata de burocracia onerosa, sino de proteger a las personas de la clase de tratamiento deshumanizante que hemos puesto al descubierto».

Bryan