Viviendas para jóvenes

El esfuerzo de los jóvenes para adquirir una vivienda es el más alto de los seis últimos años. Sus finanzas se sitúan a unos niveles que les imposibilitan la adquisición de una vivienda por mucho que los préstamos hipotecarios hayan alargado los plazos y los tipos de interés se mantegan todavía bajos. No hay hipoteca que pueda con un precio medio que ya es superior a los 150.000 euros.

Según el último informe del Observatorio Joven de Vivienda las vivienda a precio libre alzanzan en España lsus valores más altos. Su precio medio, 154.185 euros, se sitúa a unos niveles inalcanzables para la mayoría de jóvenes independientes o en una unidad familiar. (Ver precios de viviendas de tasación en algunas provincias en lnuestro artículo: revalorización de la vivienda en España)

Los cálculos son claros: “el salario medio de una persona joven se situó en 14.808 euros anuales y el gasto de un hogar joven en 21.180 euros, un 0,8 y un 1,5 por ciento más que el trimestre anterior, respectivamente“. Así un hogar joven debería destinar casi el 35 por ciento de sus ingresos en la amortización del préstamo hipotecario y, una persona joven, el 49,6 por ciento de su salario, de acuerdo con los cálculos del Consejo de la Juventud, distribuidos a los medios de comunicación.

La necesidad de viviendas para jóvenes es una necesidad apremiente de la política del gobierno que no llega respaldar con actuaciones concretas de manera urgente. Al margen de que la necesidad de vivienda debe analizarse desde una perspetiva social que englobe a las familias más necesitadas, es cierto que los jóvenes presentan un perfil que permitiría diseñar instrumentos específicos y sobre la base de algunos productos hipotecarios ya existentes.

En este sentido algunos bancos ofrecen préstamos con carencia total en los primeros años y a muy largo plazo (30 años). Pero el problema es más profundo en cuanto a que los precios de las viviendas en España alcanzan unos niveles que dejan “bajos” a los productos bancarios existentes. Es ahí dónde el Ministerio de la Vivienda y las Comunidades Autónomas deberían arbitrar medidas eficaces.

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