Muchos euroresidentes se han quejado en alguna ocasión de prácticas abusivas por parte de los intermediarios en la venta de viviendas. Quizás estas prácticas puedan eliminarse si el Gobierno lleva a cabo una efectiva regulación de la intermediación inmobiliaria, a la luz del boom inmobiliario que vive España desde principio de este milenio.
El Gobierno desea regular la intermediación de 96.000 operadores
Según informa el diario El País el Gobierno pretende publicar una regulación que afecta a agentes de la propiedad, agencias inmobiliarias y profesionales autónomos. Estos colectivos, que a veces cobran comisiones millonarias por la compraventa de un inmueble o solar, no están sujetos por Ley a una normativa específica, tampoco se les exige un título para llevar a cabo su actividad.
Las alarmas han saltado al producirse frecuentes reclamaciones en torno a algunas actuaciones irregulares de ciertos operadores y, asimismo por la práctica progresivamente extendida de cobrar comisiones excesivas (en algunos casos hasta el 10%), por no mencionar las denominadas prácticas especulativas.
Las medidas regulatorias son también deseadas por unos 8.000 agentes de la propiedad colegiados, que piden un registro público y que se exijan seguros de responsabilidad civil a todos. En la situación actual cualquier persona puede ser intermediario en las transacciones de compraventa debido a las medidas liberalizadoras del sector inmobiliario que el anterior gobierno promulgó y convirtió en ley hace tres años. Esta situación permite a las personas físicas o jurídicas realizar como intermediarios inmobialiarios sin necesidad de estar en posesión de títulación alguna, ni de pertenencia a ningún colegio oficial.
Los API y el resto, comisiones
Los APIs tienen unos honorarios estipulados: entre un 3% y un 5% de comisión, pero su círculo de influencia solo representa en España a unos 8.000 agentes de la propiedad, frente a los 95.000 intermediarios que se estima desarrollan su actividad actualmente en este sector.
En síntesis, una regulación necesaria que sin frenar la concurrencia de empresas o personas que puedan dar este servicio, incremente las garantias a los ciudadanos, potencie las profesionalidad y frene los abusos potenciales, especialmente a extranjeros, no conocedores de la realidad española actual.
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