El urbanismo español

El urbanismo español en entredicho, la especulación urbana devora la normativa actual

La Comisión Europea acaba de enviar a España una nueva solicitud oficial para que se modifique la Ley de ordenación del territorio en la Comunidad Valenciana, LUV, debido a una supuesta incompatibilidad de varias de sus regulaciones con las leyes comunitarias sobre contratación pública.

El urbanismo valenciano, una larga historia

Según informa la Comisión, «En ausencia de respuesta satisfactoria en dos meses, la CE podría llevar el asunto al Tribunal de Justicia«.

Podríamos decir que esta comunicación es el resultado de una larga historia de la que hemos informado frecuentemente. Ya existió una comunicación de emplazamiento y un dictamen motivado, a finales de 2005, contra la ley valenciana anterior, la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) de 1994. Y las Cortes Valencianas trataron de sortear esta iniciativa de Bruselas a través de una nueva legislación la LUV (Ley Urbanística Valenciana) que no ha satisfecho a la CE, ya que no soluciona las posibilidades de infracción que existían en la antigua LRAU, incluso la CE ha advertido de la concesión de contratos en el marco de la LRAU hasta el 1 de febrero de 2006, por tanto, con la violación de las Directivas de contratación pública de la UE.

El urbanismo español más allá de las denuncias europeas

La prensa española y valenciana denuncia diariamente casos de especulación urbana con lo que se el urbanismo español y las leyes que lo regulan se pone en la picota. Los tribunales de justicia hacen lo que pueden. La prensa recogía hace poco que un tribunal vetaba una gran urbanización de viviendas con campos de golf en la sierra de Guadarrama (Ávila) para salvar cinco parejas de cigüeña negra.

Pero estas decisiones se quedan en un caso anecdótico. Incluso la situación en Marbella tuvo que llegar a ser desproporcionada para que la justicia llegara a intervenir. En la propia Comunidad Valenciana, el gobierno ha intervenido el municipio de Catral con numerosas construcciones ilegales, pero todo el mundo afirma («off the record«) que es una cortina de humo sobre algo que de una forma u otra es generalizado: la corrupción en el fondo y en la formas de una legislación incapaz de frenar la especulación y abusos urbanísticos en toda España.

Los municipios urbanizan todo lo que pueden y a toda costa. Las instituciones se ven desbordadas para frenar los intereses que se mueven detrás de la especulación urbana. Hace unos meses la Sindica de Greuges emitía un escrito contra el PAI Benicasim Golf y el Ayuntamiento de Benicàssim por eludir el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El tema sería anecdótico sino mediara una severa limitación y escasez de recursos hídricos por todo el levante español (Comunidades de Valencia, Murcia…), agravada por una expansión urbanística desproporcionada y escasamente planificada.

El Gobierno central no parece ser consciente de la entidad de los intereses que presionan ya en casi toda la geografía española, incluidas zonas rurales. Lo que es vox populi entre la ciudadanía(hay hasta vídeos en YouTube parodiando a concejales y alcaldes), es tabú para el ámbito político y empresarial. Hay quienes aseguran que lo destapado en Marbella no es sino la evidencia de algo más extendido y que perjudica seriamente la salud democrática de España. Y esto se extiende ya desde las urbes hasta los rincones rurales más recónditos, revalorizados para la segunda residencia.

En esta historia, sin embargo, un grupo de ciudadanos euroresidentes europeos, se movilizaron hasta llegar a concienciar a Bruselas y al Parlamento europeo de la situación española. Es la lucha entre David y Goliat. Pero, sin ser triunfalista, la noticia, que hoy difunden los principales diarios de España, advirtiendo que Ley Valenciana debe modificarse, es una victoria en toda regla de los euroresidentes europeos y de colectivos de ciudadanos españoles que no se han doblegado fácilmente a los intereses que mueve el ladrillo en España.

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