El pasado 9 de mayo entró en vigor una nueva Ley de Telecomunicaciones que ha suscitado muchas polémicas.
Los 3 aspectos más conflictivos son:
1. Concede a los operadores de telefonía el derecho de ocupación de las terrazas de los edificios de propiedad privada (si no existen otras alternativas técnica o económicamente viables).
2. Los operadores ni siquiera tienen que obtener una licencia de obras, ni realizar estudios de impacto ambiental. Choca, por tanto, con la Ley de Salud Pública que obliga a restringir la colocación de antenas ante un posible peligro para la salud de los ciudadanos.
Sí se requiere para estas instalaciones un plan de despliegue o instalación de red en la zona con el permiso del Ministerio de Industria para la colocación de la antena en la azotea que la compañía elija.
3. El riesgo del sobrepeso excesivo para la estructura del edificio, que, además, podría derivar en un deterioro de los pisos más próximos a la cubierta.
Por estas razones, colectivos como el Consejo General de Administradores de Fincas Colegiados han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para que denuncie ante el Parlamento este articulado que vulnera el derecho a la propiedad privada.
Crédito de la imagen: www.canadianspectrumpolicyresearch.org
