La gran apuesta del gobierno en materia de vivienda, la denominada «Sociedad Pública de Alquiler» que pretende favorecer el alquiler de viviendas ha sido presentada por la Ministra María Antonia Trujillo tras el Consejo de Ministros, desvelando algunas de las incógnitas de este futuro servicio público que se espera esté funcionando en el próximo otoño.
Características principales:
- La Sociedad ofrecerá los propietarios de viviendas un servicio de intermediación para alquilarlas.
- La sociedad garantizará el cobro de la renta de alquiler, la devolución del inmueble en buen estado, y proporcionará asistencia jurídica en caso necesario.
- La sociedad cobrará al propietario -arrendador un 20% de la renta global generada por el alquiler de la vivienda
- El inquilino no tendrá que realizar ningún pago por los servicios de intermediación de la Sociedad de Pública de Alquiler
- Se realizará un doble contrato. Primero se firmará un contrato inicial entre el propietario y la Sociedad, que permitirá a ésta intermediar en nombre de dueño. Una vez que la Sociedad haya encontrado un inquilino, se firmará el contrato habitual entre el propietario y el inquilino. La Sociedad llevará a cabo toda la tramitación de los contratos.
La oposición duda que con estas medidas se logre dinamizar el mercado de alquileres. De hecho, se prevé una cartera inicial muy modesta de 1.000 viviendas y las expectativas son que se llegue a las 24.000 dentro de cuatro años. Objetivos que quedan muy atrás de las estimaciones que cifran en tres millones las viviendas vacías en España actualmente. El Ejecutivo cree que con estas garantías se borrará buena parte de la inseguridad jurídica y se incentivará el alquiler.
Algunas fuentes consultadas opinan que el problema pendiente siguen siendo, al margen de las garantías de pago y de restitución en buen estado, el problema de la posibilidad de expulsar al inquilino de la vivienda en caso de impago y la lentitud de la justicia en materia de juicios de desahucio.
Esta sociedad estatal suscribirá acuerdos con las Autonomías, dada la notable cantidad de servicios autonómicos impulsados por los Gobiernos regionales y locales.
