La corrupción urbanística en España según The Washington Post

Con el título “In Spain, a Tide of Development. Land Laws on Mediterranean Coast Enable a Boom but Bring Corruption” (“Oleada de desarrollo urbanístico en España. El derecho territorial de la costa mediterránea permite un boom inmobiliario, pero trae consigo la corrupción”). Con fecha 25 de octubre de 2006 The Washington Post analiza en un extenso artículo la situación del desarrollo urbanístico español y la creciente corrupción asociada al mismo.

La entidad del medio que lo divulga, merece nuestra atención, dada la mala imagen que traslada a nivel mundial, prácticamente en todos los ámbitos del problema, y del daño a la imagen de España de la que quizás hay que empezar a ser muy conscientes.

La pesadilla de algunos extranjeros
El periódico cuenta con detalle el caso de dos euroresidentes belgas. “Durante 20 años, los belgas Lieve de Cleippel y Hubert van Bel han sido propietarios de una casa de 150 años de antigüedad, ubicada en el Mediterráneo. Sobre la cima de una colina, rodeada de palmeras y de siete acres de arboleda y viñedos aterrazados, se sintieron durante tiempo aislados del ajetreado desarrollo que ha hecho estragos en grandes extensiones de la costa española. En noviembre del año pasado, cuando les dijeron que el gobierno local había aprobado un nuevo plan de desarrollo para su zona, la pareja se acercó hasta el ayuntamiento a echar una ojeada. “Iban a demolerlo todo” en su propiedad, afirmó van Bel, de 59 años. “Ibamos a perder más de la mitad de nuestro terreno y, además, debíamos pagar 700.000 euros”, en concepto de impuestos por nuevas carreteras, alcantarillado, iluminación y otros servicios. “Nos quedamos atónitos”. Según Van Bel, nunca se les notificó la recalificación (realizada con la intención de hacer sitio para la construcción de 17 casas nuevas) ni tuvieron la oportunidad de realizar ninguna alegación para oponerse a ella. Y de acuerdo con las leyes de desarrollo local es totalmente legal”. El desarrollo desenfrenado del litoral español
El Washington Post menciona que el caso descrito es tan solo un ejemplo de la presión ocasionada por un desarrollo desenfrenado a lo largo de gran parte de los cerca de 5.000 km. de costa en España. Citando a los ecologistas, menciona que “el boom de 10 años de la construcción está alimentando la corrupción y la actividad de las mafias, destruyendo los ecosistemas y convirtiendo la mayor parte de la costa en una monstruosidad”. El periódico estadounidense se hace eco de los principales datos del Boom inmobiliario en España de los últimos años. “En los últimos cuatro años, se han empezado o construido por completo en España alrededor de 3 millones de casas (incluidas 812.000 en el 2005) y prácticamente la mitad de ellas están distribuidas a lo largo de la costa. Según un cálculo aproximado, el 40% de toda la construcción europea se está llevando a cabo en España”. Este boom está siendo impulsado, en parte, por la demanda de ciudadanos del norte de Europa que desean tener una casa en el Mediterráneo para su retiro. Atraídos por el clima templado, el precio relativamente asequible de las casas y la facilidad de evitar impuestos realizando los negocios de tapadillo, los extranjeros constituyen actualmente el 70% de la población de algunas ciudades españolas. Las construcciones ilegales y las legalizaciones
Recogiendo la opinión de Miguel Ángel García, portavoz de World Wildlife Fund señala que se “Están legalizando construcciones ilegales y urbanizando toda la zona. Y ahora incluso están ocupando el mar, literalmente”, expandiendo los puertos en áreas ecológicamente sensibles, afirmó . “Actualmente, no tenemos ningún plan de desarrollo. Sólo construimos”. También se recoge un informe de julio del grupo ecologista Greenpeace sobre los planes para la construcción de cientos de miles de nuevas casas y hoteles, 40.000 nuevas pasarelas de embarcaciones y cientos de campos de golf “en zonas que están sufriendo la peor sequía sostenida en 50 años”. También señala que “en las cuatro regiones españolas que rodean la costa mediterránea, hay 273 pueblos, con 4,3 millones de habitantes, que carecen de tratamiento de aguas residuales”. Las quejas de la Comisión Europea, Marbella, investigaciones criminales, etc.
Algunas informaciones del citado diario quizás no son del todo exactas o actualizadas. Por ejemplo: Tras recibir las quejas de la Comisión Europea de que las playas estaban demasiado contaminadas, en lugar de limpiarlas, España retiró 365 playas de su listado de zonas de baño. Más dura es la referencia la caso de Marbella: “Docenas investigaciones criminales están en proceso. En la ciudad turística de Marbella, unos 56 km. costa arriba desde Gibraltar, 30.000 casas están en juicios por haber sido supuestamente construidas de forma ilegal, incluyendo 1.600 en zonas verdes”. A comienzos de este año, la policía puso en marcha una operación de captura, en la que se congelaron 1.000 cuentas bancarias y se embargaron bienes por valor de más de 2.400 millones de euros, entre los que había lujosos chalets, caballos purasangre, toros de lidia y 275 obras de arte. Varios políticos, abogados y funcionarios de urbanismo han sido acusados de aceptar sobornos a cambio de licencias de construcción y recalificaciones de terrenos. La alcaldesa de la ciudad y otras 10 personas han sido arrestadas; y dos de los alcaldes anteriores han sido encontrados culpables de corrupción.Economía sumergida en la construcción
Remitiéndose a opiniones de expertos, el Washington Postel cita que el boom de la construcción ha creado una economía sumergida que ha atraído miles de millones de euros en financiación ilícita. Textualmente se remite al Ministro de Economía español, para señalar que “actualmente, el 26% de todos los billetes de 500 euros que hay en circulación en la Unión Europea se encuentran en España, debido principalmente al blanqueo de dinero y a la corrupción en el sector de la construcción. Los españoles le han puesto a estos billetes el apodo “Bin Ladens”, porque todos saben que existe pero ninguno consigue encontrarlos”. Y continúa con párrafos como este: “Básicamente, los traficantes de drogas en el sur de España tienen inversiones en los sectores inmobiliario y de la construcción, por la facilidad que estos ofrecen para el blanqueo de dinero negro sin ningún tipo de preguntas”, afirma Alejandra Gómez-Céspedes, profesora en el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga. El caso de Altea
Las referencias no sólo se remiten a Marbella o a la Costa del Sol. Se refiere también al caso de Altea. “En Altea, un lugar de vacaciones en la costa, a unos 96km. al sur de Valencia, se ha llenado todo un acantilado de hormigón y apartamentos cada vez más nuevos han ido sustituyendo progresivamente a los anteriores hasta llegar al borde del agua”. Se está ampliando un nuevo embarcadero sobre una pradera submarina de 48.500 m2 de Posidonia, con el fin de duplicar la capacidad del puerto a 1.064 gradas. El gobierno ordenó transplantar las plantas a otro sitio, pero según el portavoz de World Wildlife Fund, el 85% de la flora trasladada ha muerto. The Washington Post se hace eco de las leyes valencianas de urbanismo
Las críticas más duras han ido dirigidas a la que The Washington Post denomina ley de expropiación de la comunidad valenciana, “que da el control de la propiedad privada a los promotores, proporcionándoles medios legales para obligar a los propietarios a renunciar al terreno o a volver a comprarlo”. Así mismo recoge el sentir de la organización “Abusos urbanísticos no” “Si el desarrollo urbanístico tiene un fin social, este predomina sobre el derecho fundamental de la legislación europea: el derecho de la propiedad privada”, afirma Charles Svoboda, diplomático canadiense retirado y presidente de “Abusos Urbanísticos NO”, una asociación de 30.000 miembros formada para proteger los derechos de los propietarios. Tras las peticiones de ayuda firmadas por 15.000 personas, la mayoría jubilados de otros países europeos, el Parlamento Europeo ha investigado la ley y la Comisión Europea ha pedido a España que la modifique. “Llamémoslo por su nombre: un robo de terreno”, afirma Michael Cashman, un miembro inglés del Parlamento Europeo que dirigió una comisión de investigación sobre las leyes de desarrollo urbanístico de Valencia. “Lo que estamos viendo son entre 18.000 y 20.000 abusos por incumplimiento de los derechos humanos individuales”. El gobierno valenciano no responde a The Washington Post y la Vicepresidenta del Gobierno argumenta que el tema está en manos locales Cita el diario estadounidense que el gobierno de la Comunidad Valenciana “pidió a The Washington Post que enviara sus preguntas sobre la ley por escrito, pero luego no respondió”. Así mismo da cuenta que “En una entrevista en Madrid, la Vicepresidenta del Gobierno español María Teresa Fernández de la Vega afirmó que el gobierno estatal apenas tiene control sobre la construcción y la planificación urbanísticas que, según ella, están en manos de las autoridades locales. Sin embargo, añadió que el gobierno ha aprobado una nueva regulación de planificación urbana para luchar contra la especulación urbanística y ha destinado una partida de más de 60 millones de euros de los presupuestos del estado para comprar las áreas costeras ecológicamente sensibles, con el fin de protegerlas del desarrollo urbanístico”. El Alcalde de Benissa argumenta sobre el caso de los euroresidentes belgas
Más extensa es la refrencia a Benissa y al caso de los belgas Lieve de Cleippel y Hubert van Bel.El diario cita que el alcalde de Benissa Juan Bautista Rosello “afirmó que sería revisado bajo una ley también revisada que anularía la amenaza de demolición que pesa sobre la casa de la pareja, pero continuará con los planes de “urbanizar” gran parte de la propiedad de acuedo con el plan urbanístico del pueblo. El alcalde negó que la ley de Valencia permita al gobierno local apropiarse de terrenos. En su lugar, según él, los gobiernos locales “convierten terreno agrícola en terreno urbanizado” y luego cobran a los propietarios el coste de urbanizarlo. Con respecto al caso de la pareja belga y sus 30.000m2 de terreno, Rosello afirmó que les garantizan unos 10.000m2 alrededor de su casa, y los otros 20.000 serán declarados como suelo urbano. Con la nueva ley, les corresponderá pagar unas tasas por mejora de las infraestructuras de unos 790.000 euros, añadió. Si la pareja no quiere que se urbanicen esos 20.000m2, afirmó Rosello, deberán pagar las tasas, como todo el mundo que tenga en propiedad una zona recalificada como suelo urbano en el nuevo plan. La otra opción que les queda es vender en terreno al promotor. “Yo no lo veo como una lucha” entre intereses públicos y privados, afirmó Rosello, sino como un equilibrio entre ambos. “No les van a quitar el terreno sin nada a cambio… Obtienen a cambio terreno para construir” que, según él, es mucho más valioso. “No hicimos esto como inversión, lo hicimos para vivir aquí”, afirma de Cleippel, de 56 años, mientras camina por los alrededores de la casa de estilo colonial con amplios patios, exuberantes jardines y una vista espectacular del mar a 1km y medio de distancia. “Tan solo queremos conservar nuestra propiedad, no que nos la quiten para construir en ella 17 casas”.Artículo integro en http://www.washingtonpost.com/

5 Respuestas

  1. E P Sanchez 13 años ago
  2. M. F. 13 años ago
  3. Anónimo 13 años ago
  4. Anónimo 12 años ago
  5. Anónimo 12 años ago

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