Hoy en día si preguntamos a la gente por la queja principal sobre la Justicia en España probablemente nos encontraremos con la palabra “lentitud”.
Es por ello que nos llama la atención, el asunto que ha sido noticia en nuestro País durante toda una semana: “La absolución de una mujer tras ser denunciada por su hijo por quitarle el móvil”.
Pero entremos en detalles: El pasado 28 de febrero, una madre le quitó el móvil a su hijo de 15 años para que dejara de jugar y se pusiera a estudiar.
Podríamos pensar que estas disputas entre progenitores e hijos son habituales en la mayoría de hogares españoles, había cuenta de la existencia de multitud de aparatos electrónicos al alcance de los niños, que los distraen de sus obligaciones diarias.
Lo que no nos resulta tan habitual, es que, en este caso, el adolescente, acompañado por un familiar directo, acudiera a la Guardia Civil y denunciara a su madre.
No obstante, lo más alarmante de este asunto, no es la actitud del menor, que a todos los efectos es un adolescente atestado de hormonas, sino que el caso siguiera adelante, y se abrieran diligencias penales con el beneplácito de Fiscalía, llegando a sentar en el banquillo de los acusados a una madre de 37 años por un presunto delito de malos tratos en el ámbito doméstico.
El fiscal del Estado pidió para la señora nueve meses de prisión y que asumiera el pago de las costas, es decir, los gastos del abogado y procurador de su hijo adolescente y menor de edad.
Finalmente, y gracias a que el Juez del Juzgado de lo Penal 1 de Almería aplicó el sentido común y el Código Civil, se dictó sentencia absolutoria para la acusada, en la cual el enjuiciador dispuso que “entre las obligaciones que se establecen en el Código Civil derivadas de la patria potestad, está la de preocuparse por la educación de los hijos, que es precisamente lo que hizo la acusada (…) sin utilizar rigor alguno innecesario para ello”
Es absolutamente descabellado exigir a un juez que intervenga y medie en este tipo de situaciones, y más aún cuando es de conocimiento público que los jueces españoles están absolutamente saturados de asuntos, sin poder dar salida a los casos que se amontonan en los juzgados, y que indudablemente tendrán más relevancia que el mencionado.
En algunas ciudades españolas se están señalando juicios para 2019 y 2020, por delitos graves, y en ocasiones con preso, por lo que ocupar los recursos de la administración de justicia y el tiempo de los funcionarios públicos en enjuiciar hechos tan intrascendentes como que una madre le quite el teléfono móvil a su hijo es cuanto menos inquietante.
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