El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que la plataforma digital Airbnb no es un agente inmobiliario, y en consecuencia, no se puede exigir que se regule según las normas que se aplican a los agentes inmobiliarios.
El caso que resuelve el TJUE se inició con una demanda de la Asociación para el Alojamiento y el Turismo Profesional de Francia (Ahtop) contra la plataforma de Airbnb, al entender que la misma debería regirse por la ley inmobiliaria francesa, y calificaba a la plataforma de “agente inmobiliario.” Un tribunal de París planteó una consulta a la corte europea, quien acaba de manifestar su respuesta.
El TJUE es muy claro en su Sentencia, y considera que Airbnb no es un agente inmobiliario, sino “un servicio de la sociedad de la información”, y en consecuencia, no debe regularse por la normativa que se aplica a los agentes inmobiliarios, sino que se regula por la Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico.
En consecuencia, no se le puede exigir a Airbnb que disponga de una tarjeta profesional de agente inmobiliario, que era lo que solicitaba la asociación demandante Ahtop, dejando claro que Airbnb es sólo un instrumento digital de presentación y búsqueda de alojamiento de corto plazo, poniendo en contacto a dos partes, quienes concluirán en un futuro un contrato de arrendamiento. Es, básicamente, un servicio de intermediación, que no es indispensable para las prestaciones de alojamiento, pues los arrendatarios y arrendadores tienen otras formas de concluir sus acuerdos.
Otro dato clave para diferenciar a la plataforma de una agencia inmobiliaria, es que Airbnb no fija los precios de los alquileres, sino que son los usuarios quienes los fijan. La plataforma digital de Airbnb se limita a poner en contacto a arrendatarios con arrendadores, a cambio de una remuneración.
Esta Sentencia del TJUE llega en un momento en el que Airbnb está lidiando con diversas ciudades y comunidades de vecinos que no están muy a favor de esta plataforma. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado un recurso de Airbnb, y ha dado la razón a la Dirección General de Turismo de la Generalitat, que pedía que la plataforma eliminase los anuncios de pisos turísticos ilegales de Cataluña, es decir, aquellos que no tuviesen número de registro. Como consecuencia de ello, la compañía deberá suprimir los anuncios de 12.000 pisos turísticos en Cataluña, que no se ajustan a la normativa de la comunidad autónoma.
También puede interesarte
