En los Presupuestos Generales del Estado de 2019 enviados a Bruselas se incluye la creación de un impuesto que gravará determinados servicios digitales que hasta ahora no tributan, en consonancia con las recomendaciones de la Unión Europea.
Un nuevo impuesto digital
Concretamente, según el anteproyecto de Ley del impuesto sobre servicios digitales, este impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad e intermediación en línea, así como la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario, aun con el consentimiento de éstos, algo que hasta ahora estaba libre de impuestos.
Mientras el sector del comercio tradicional solicitaba la implantación de este nuevo impuesto, ya que están expuestos a una fiscalidad más rigurosa, considerando incluso que se estaba produciendo una competencia desleal, plataformas como Google ya han manifestado su malestar con la creación de este impuesto digital.
¿A quién afectará la nueva tasa digital?
Esta tasa de actividades digitales sólo gravará la intermediación entre una empresa, con un cliente, por lo tanto, no afectará a la intermediación entre particulares. Concretamente, sólo tributarán las grandes corporaciones, es decir, las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros, que tengan en España ingresos superiores a los 3 millones de euros, tales como Google, o Facebook.
Con este nuevo impuesto digital el gobierno pretende recaudar la cantidad de 1.200 millones de euros. Para que se cumpla con este objetivo, Hacienda ya ha adelantado que multará a aquellos que oculten su geolocalización para evitar esta tasa.
¿Una nueva barrera para la innovación digital?
Diferentes plataformas digitales como Google ya están manifestando su malestar por este nuevo impuesto. Pero las críticas, más que por el impuesto en sí, es por la forma en que se va a implantar.
Es evidente que nos encontramos en un mundo cada vez más digital que precisa de regulación a nivel fiscal, pero la implantación en España de un impuesto digital que afecta a grandes corporaciones, realizada de forma unilateral, puede conllevar una contradicción con otros países tanto de la Unión Europea como del resto del mundo.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España rechaza este impuesto digital, y el propio gobierno de los Estados Unidos ha instado a España a no aplicar de forma unilateral este impuesto, denominado como “tasa Google”.
Es evidente que lo ideal es llegar a un consenso, al menos, entre el resto de países de la Unión Europea, pues no resulta nada práctico que en cada país se tribute de una forma distinta cuando los servicios que se ofrecen son globales.
Aunque más que un impuesto, lo que hace falta es la creación de nuevas políticas públicas en un entorno que regule el mundo digital, pero que no frene la innovación en este campo.