Se cumplen cuatro años desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos que promulgó (con el consiguiente bombo y platillo) el denominado “Código de buenas prácticas bancarias”.
El Código de Buenas Prácticas tuvo como muy noble fin establecer “medidas tendentes a procurar” (por tanto, no es una norma de obligado cumplimiento para la banca) la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago. Para ello, se debían (y deben) cumplir unos requisitos personales y patrimoniales, es decir, tratarse de deudores de préstamos y créditos garantizados con hipoteca sobre su vivienda habitual, que se encuentren en el umbral de exclusión.
Asimismo también va dirigido a los fiadores hipotecarios y garantes hipotecarios no deudores respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.
Tras todo este tiempo, ya existen datos suficientes para hacer balance. De acuerdo con la información remitida al Congreso por la Comisión de Control del Código de Buenas Prácticas Bancarias 31.536 familias se han acogido a él para solucionar su deuda hipotecaria. Entre estas:
- 24.902 han obtenido una reestructuración de su deuda (es decir, unos cambios en la hipoteca para suavizar las condiciones);
- 6.031 han finalizado con la dación en pago (es decir, con la entrega de la vivienda al banco para cancelar la deuda pendiente).
Economía asegura que solo en 2015 se han beneficiado del Código de Buenas Prácticas Bancarias un total de 14.440 familias, casi un 15% más que un año antes, que en su mayoría han podido flexibilizar las condiciones de su hipoteca.
En concreto, se han producido:
- 12.252 reestructuraciones de deuda (un 26% más que un año antes);
- y 2.188 daciones en pago (un 22,6% interanual menos)
Ello deja entrever que el peso de las renegociaciones cada vez es más elevado. Prácticamente, por cada entrega de una vivienda se producen seis reestructuraciones.
También, el Fondo Social de Viviendas (FSV) se ha prorrogado por segunda vez hasta el 17 de enero de 2017 desde se creó en enero de 2013, con un total de 9.866 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más desvalidas a través alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar).
Desde su puesta en marcha, ya se han firmado unos 6.110 contratos de alquiler a precios reducidos, se ha ampliado el número de pisos disponibles y también el de potenciales beneficiarios.
El Código de Buenas Prácticas Bancarias y el Fondo Social de Viviendas, junto a la suspensión de lanzamientos tienen la finalidad de ayudar a las familias frente a las órdenes de desahucio. Así 55.195 familias se han beneficiado de estas medidas destinadas a los colectivos en riesgo de exclusión social en los últimos cuatro años. De esta cifra:
- 31.536 familias han podido acogerse al Códigos de Buenas Prácticas;
- el Fondo Social de Viviendas ha permitido la celebración de 6.108 contratos de alquiler a precios reducidos;
- y se han suspendido 17.551 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria.
En cualquier caso, la banca está cada vez más implicada en flexibilizar las hipotecas para no quedarse con más casas en propiedad y obtener rendimiento a su amplia cartera de activos inmobiliarios. Así no sólo recibe rentas periódicas, sino también intenta ayudar a las familias con menos recursos.
El balance, pues, ha de ser forzosamente positivo. Desde luego no es la situación ideal para nadie, pero sí ha venido a encontrar una salida a todas las partes implicadas: acreedores, deudores… y hasta a la administración de justicia, que ha visto buenos ojos la creación de un mecanismo de resolución alternativo al procedimiento judicial de ejecución hipotecaria.
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