Comisiones al 3%

El 3%, el tres por ciento…

-Ah, ¿pero era el tres? así que… ¡no es el cinco! comentó alguien de provincias….

Lo peor de todo esto es que la mayor parte de los medios de comunicación que no se toman este tema en serio. El debate del caso Carmel ha dejado al descubierto el subconsciente de la política española. Uno, el Molt Honorable President de la Generalitat sacando a colación “el 3%”. Otro, el jefe de la oposición amenazando que o lo retira o no hay acuerdo para el Estatut.

Este debate no interesa a ningún partido político y por extensión a pocos medios. Sin embargo, la seriedad de un país como España, donde las empresas de la construcción son las locomotoras de la economía, exige que se cierre esta “puerta del sótano” cuanto antes. Una puerta de la que casi nadie habla, casi nadie ve, pero todo el mundo ha oído de su existencia.

Una Ley de Contratos del Estado para cambiar, Sr. Zapatero

J. Borrell, el hoy Presidente del Parlamento Europeo, cuando era ministro de Obras Públicas y Urbanismo, le lanzó un órdago a las constructoras al señalar que acabaría con las comisiones y las corruptelas. Pese a sus loables intenciones, hoy en día, “se sabe” que hay mecanismos por donde la deseable transparencia se vuelve muy opaca.

¿Y por qué? Pues muy sencillo: la Ley de Contratos del Estado permite las licitaciones con un margen de discrecionalidad alto. Posteriormente todavía es peor: no hay servicios de inspección técnicos -los hay jurídicos y contables que difícilmente pueden entrar en el meollo de la cuestión- que puedan hacer “auditorías de obras ejecutadas” en profundidad, en tiempo y forma.

El debate hay que situarlo en la discrecionalidad y la falta real de control de las obras. Los hundimientos del caso Carmel” vienen a poner en evidencia lo que puede estar ocurriendo ya desde hace muchos años y que no se destapa por la confluencia de unos intereses profundos y complejos.

Una fuente de potenciales corruptelas: reformados, liquidaciones, ampliaciones, revisiones de precios…

La discrecionalidad en la adjudicación de una obra en un proceso de licitación pública es un problema complejo. No sólo se soluciona con cambios en el actual marco jurídico a través de los criterios que rigen en la “fórmula” ó método de adjudicación. Sin duda, el reforzamiento legal, la publicidad, la participación de miembros externos, la fijación de criterios objetivos en las comisiones de adjudicación permitiría una mayor garantía y “objetividad” en la contratación.

Pero esto no es todo.

Una vez la empresa adjudicataria comienza la obra a través de proyectos con un alto grado de indefinición. No hay proyecto “perfecto”. La normativa actual hace fácilmente permisible la realización de reformados, ampliaciones, liquidaciones y revisiones de precios que llegan a adulterar claramente las base de concurrencia de la propia licitación y las motivaciones iniciales de la misma.

Aunque las empresas hayan ganado un concurso con precios muy ajustados, llegan a recuperar grandes márgenes a través de estos mecanismos, sin estar sujetos a un control eficaz. Una obra puede acabar costando a las arcas públicas el doble de su coste de licitación. Aquí es donde hay una fuente potencial de corruptelas que escapa a la transparencia y a un control efectivo. No afrotarlo sería un gran error.

Soluciones

Sólo una estricta política de precios cerrados y alentando la profesionalidad de los excelentes técnicos y arquitectos que tiene este país, con auditorias técnicas de calidad a fondo, mucho más allá de la simple “recibir la obra”, se podría hacer frente a la actual situación. Las soluciones tienen que ir de la mano del unos precios cerrados, solo alterables en circunstancias excepcionales y auditorias de calidad que tomen como base proyectos con un alto grado definición.

Y conviene no aplazar las soluciones por muchas razones:

– Por la deseable transparencia y credibilidad de las instituciones y por establecimiento de todas las cautelas y frenos a potenciales corruptelas de todo tipo. Se trata de reforzar la democracia.

– Por el freno a prácticas de economía sumergida, marginalidad, siniestrabilidad en el sector, etc.. Especialmente viables en un contexto donde existe una alta inmigración. En donde las cifras se siniestros son preocupantemente altas.

– Por las garantías de calidad y seguridad de la propia actividad constructora. Donde el caso del Carmel podría ser un ejemplo de los riesgos que se corren.

– Por la propia consistencia de las actuaciones de importantes empresas en un marco estrictamente legal. Fuera de ese marco legal, se pueden crear estructuras imprevisibles y de alto riesgo para cualquier país.

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6 Respuestas

  1. Anónimo 14 años ago
  2. Anónimo 14 años ago
  3. Anónimo 14 años ago
  4. Euroresidentes 14 años ago
  5. Anónimo 14 años ago
  6. Anónimo 14 años ago

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