La Comisaria Margarethe Vestager vuelve a tomar una decisión en una dirección proteccionista, mediática y contrapuesta a un liderazgo europeo en la sociedad digital. La decisión del caso Android pasará a la historia por ser la multa más elevada que jamás haya impuesto una autoridad de competencia y lo que nos debemos plantear es si realmente la decisión es coherente con todos los principios que en apariencia se quieren preservar o defender. De entrada Europa vuelve a dar una nota con una profunda contradicción: la competencia en el ecosistema móvil aumentó de manera espectacular gracias, precisamente, a Android y su impotencia y retraso se materializa en decisiones equivocadas que no solucionan una muy cruda realidad: Europa se sume en un peligroso retraso digital respecto a China y Estados Unidos.
El ecosistema Android
En sus orígenes Android lideró un proceso aplaudido por toda la industria y los desarrolladores. Hace tan sólo diez años, el mercado de los primeros smartphones se limitaba a las opciones que ofrecían Apple, Nokia Symbian, Blackberry y Windows Phone entre otros pocos. Los móviles eran caros, y las opciones para desarrollar apps que fueran útiles a los consumidores eran más costosas aún. Al haber tanta fragmentación, era muy difícil que los desarrolladores crearan apps que pudieran servir para múltiples dispositivos, lo que limitaba enormemente sus posibilidades de crear un modelo de negocio exitoso.
La llegada de Android abrió radicalmente un panorama cerrado y monopolístico. De repente, rompiendo con el modelo tradicional de software bajo licencia, Android puso a disposición un software libre y gratuito que podía instalarse en cualquier teléfono móvil y ofrecer apps de una infinidad de temas que terminaron por sumarle la palabra “smart” al teléfono móvil de toda la vida al que estábamos acostumbrados. Android creó una plataforma común abierta a todo el mundo, y gracias a ello pudo florecer la llamada app economy que hoy emplea a más de 1.6 millones de personas en toda Europa.
Da igual que un teléfono Android cueste 50 euros, o que por sus grandes cualidades técnicas, su precio ascienda a 900. Las apps que se diseñan funcionan en prácticamente la totalidad de los dispositivos, gracias en parte a los acuerdos anti-fragmentación que hoy la Comisión condena. Es cierto, Google ha dictado unas normas de convivencia para que la mayoría de compañías que operan en este ecosistema abierto pongan en el mercado productos que son útiles y compatibles entre sí, pero al hacerlo se ha logrado democratizar el acceso a la tecnología.
¿Proteger al usuario?
Está claro que el hecho de que haya más de 24.000 dispositivos móviles de más 1.300 marcas habla por sí mismo; pero sólo habla del enorme grado de competencia que hay en el lado de los fabricantes y distribuidores, que innovan constantemente para posicionarse en el mercado. En este análisis los consumidores son la cortada que no resiste el análisis más benévolo. Parte del razonamiento que ha motivado esta decisión de la Comisión es que Google restringe la libertad de elección de los usuarios al pre-instalar sus apps en Android.
Ciertamente, con esta práctica Google ha intentado dar visibilidad a sus propios servicios, pero no por ello ha coartado la libertad del consumidor, ni tan siquiera se ha alejado de lo que se considera una práctica común en este sector. Los fabricantes pueden pre-instalar las apps que ellos quieran – las de Google, las de sus competidores, o las suyas propias-, pero lo que verdaderamente importa es lo que hace el consumidor final con ellas. Todos los usuarios de Android pueden borrar las apps que deseen, aunque estén pre-instaladas, y pueden descargarse todas aquellas que quieran usar, sin más limitación que el espacio del móvil. Ningún usuario está obligado a usar ni a tener instalados los productos de Google, y esto es lo que marca la diferencia. Con esta decisión, la Comisión asume que los consumidores carecen de criterio y verdadera capacidad para elegir lo mejor para ellos mismos.
Un decisión sin lógica
La potestad de ordenar los mercados para insuflar mecanismos que favorezcan la competencia es uno de los poderes más importantes que tiene la Comisión Europea, y probablemente, es uno de los que más impacto real tienen en la vida de las personas. Todos necesitamos que haya una autoridad vigilante que nos proteja de los abusos. En los mercados donde los consumidores se ven abocados a consumir servicios a peores precios y peor calidad, y donde las empresas, lejos de innovar y mejorar, ofrecen servicios que no satisfacen nuestras necesidades, todos perdemos.
Por el contrario, cuando los consumidores tenemos libertad para elegir entre una amplia gama de productos, y existe un gran número de empresas que innovan e intentan ofrecer mejores bienes y servicios con precios para todos los bolsillos, todos ganamos.
Con esta decisión, la Comisión se aleja de los ideales que inspiran la libre competencia y se limita al mantra de “big is bad”. Si a raíz de esta decisión Android tiene que dejar de ser la plataforma abierta y gratuita que es hoy en día, todos los europeos perdemos.
Decisiones como esta sólo pone de relieve una cosa: un doloroso retraso digital europeo. Una burocracia incapaz de comprender conceptos tecnológicos y digitales. Una preocupante política ante lo que se viene encima: IA, data, Blockchain, IoT, computación cuántica… escaso espacio para una mentalidad analógica.
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