Multa récord a Google: ¿abuso de poder o imposición del modelo de competencia de Bruselas?

La Comisión Europea ha impuesto a Google una multa de más de 4.300 millones de euros, convirtiéndose en la mayor sanción de la historia, por incumplimiento de la normativa de competencia. Concretamente, se le acusa de utilizar su sistema operativo Android para reforzar la posición de su buscad

Esta sanción, que será recurrida por Google ante los tribunales, ha generado un gran debate a nivel internacional, pues el incumplimiento de la normativa de competencia no está muy claro para algunos sectores.

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En la actualidad, casi el 80% de los móviles del mundo utilizan el sistema operativo Android. Pero no es Google quien impone a los fabricantes de móviles el uso de este sistema, son estos fabricantes los que libremente han elegido instalar Android en sus terminales. El por qué de esta elección es el acceso gratuito al código Android, desarrollado por Google, lo que abarata el coste de los móviles, a diferencia de otros fabricantes como Microsoft o Apple que han creado su propio sistema operativo. Hay otros fabricantes de móviles como Xiaomi o Amazon que han creado su propia versión de Android a partir del código gratuito.

 

El gasto que suprimen los fabricantes de móviles como Samsung al instalar un código ya creado y gratuito, hace que se puedan comercializar móviles a precios económicos, lo que ha conllevado, obviamente, la expansión de este sistema operativo entre los consumidores.

 

A pesar de que Google no impone a ningún fabricante la obligación de instalar en sus terminales el sistema operativo Android, existiendo en el mercado una gran cantidad de opciones competitivas, tras casi tres años de investigación, la comisaria de competencia ha impuesto una multa de 4.340 millones de euros a Google por abuso de poder dominante en Android.

 

Es evidente que la versión de Android de Google, que viene con un paquete de aplicaciones preinstaladas como la app de la tienda Play Store o el navegador Chrome, es la más popular, pero existen muchas opciones en el mercado, y el usuario es libre de poder elegir.

El único requisito que Google impone a los fabricantes que utilizan su sistema operativo Android, es que no comercialicen versiones no adheridas a unos estándares mínimos de compatibilidad, con el único objetivo de evitar dispositivos con versiones de Android incompatibles o deficientes y evitar así que los desarrolladores de aplicaciones tengan que crear diferentes versiones para cada sistema Android.

Sin embargo, cualquier fabricante puede elegir comercializar versiones no compatibles. Un ejemplo lo encontramos en el gigante asiático Alibaba, que vende móviles con un sistema Android no compatible, AliOS, muy popular en China.

De igual manera, se pueden utilizar sistemas Android que cumplan con ese estándar mínimo de compatibilidad y que no lleven las aplicaciones de Google. Un ejemplo es la versión de Android creada por Amazon para sus dispositivos, y que no llevan preinstalada ni la aplicación Play Store, ni el navegador Chrome.

A mayor abundamiento, los consumidores pueden desinstalar e instalar las aplicaciones que deseen en sus dispositivos móviles, pues el sistema Android de Google no lo impide.

¿Bruselas quiere fomentar la competencia en el sector de los sistemas operativos, o imponer su forma de competir en el mercado?

La respuesta parece más bien la segunda. Es más que evidente que las opciones de competencia son innumerables, ahora bien, si la versión de Android es la más demandada por los consumidores, ¿por qué se deben poner cortapisas a su comercialización?

De nuevo, se vuelven a poner límites a la libertad de competencia y a las empresas innovadoras, imponiendo los cánones de una institución que debe actualizarse, y escuchar las preferencias de los consumidores. 


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