Con el título We economists have a Plan B that will work, Mr Osborne (Los economistas tienen un plan B que va a funcionar, Sr. Osborne), un destacado y numeroso grupo de economistas británicos denuncian el fracaso de la política gubernamental del Reino Unido según recoge esta mañana The Guardian.
Los datos más recientes sobre la economía británica aportados por instituciones nacionales e internacionales (OCDE, FMI…) ponen de relieve que el Plan A del Ministro de Economía Mr. Orborne no funciona. Sin llegar a las escandalosas cifras españolas, el total de desempleados del Reino Unido se encuentra ahora en su nivel más alto desde hace más de 17 años, mientras que el crecimiento económico prácticamente se ha estancado.A diferencia de lo que ocurre en España, donde la universidad española está bastante ausente de estos debates, los economistas británicos instan al gobierno a «adoptar medidas de emergencia con sentido común para un Plan B que rápidamente pueda salvar puestos de trabajo y crear otros nuevos».
La clave de la aportación de este plan B es que no hay ajuste severo que funcione en las actuales circunstancias sin estimular al mismo tiempo la demanda agregada.
Los economistas británicos ponen el acento en las políticas activas a nivel sectorial: políticas medioambientales, energía renovable, etc. capaces de generar nuevos empleos o un espacio para crear nuevas industrias y empresas innovadoras
Señalan que «no hacer nada no es una opción. Por ello, instan al gobierno a crear un presupuesto de emergencia que respalde un plan B para el empleo, la equidad y la sostenibilidad para movilizar rápidamente la economía hacia el crecimiento.
¿La mejor política industrial es la que no existe?
Es curioso que detrás de esta propuesta se esconde una «máxima» que ha hecho fortuna en el ambiente neoconservador y liberal de las últimas décadas en todo el mundo.
En España esta frase la pronunció Carlos Solchaga en los años ochenta. Ciertamente en aquellos años una política industrial que se reducía a subvenciones y regulaciones proteccionistas a empresas públicas de la época franquista no era recomendable. Y mucho del dispendio regional en fastuosos eventos y proyectos tampoco, incluida el síndrome de infraestructuras infrautilizadas de este país.
Sin embargo, la no política industrial española o la falta de eficiencia de la misma está teniendo altos costes, especialmente para países como España, donde llevamos un ajuste con 5 millones de parados y el país cada vez se hunde más, lejos de tocar fondo. ¿Políticas activas? Ahí va una lista:
- Desarrollo de la economía digital: conectividad, incentivos a la financiación privada, conversión de espacios inutilizados de gran valor en ecosistemas de innovación…
- Nuevas energías eficientes y sostenibles y ahorro energético.
- Política de vivienda: reconversión de la oferta (domótica, espacios verdes, ahorro energético, sistemas de alquiler innovadores) e incentivos a la demanda, nuevos mecanismos de comercialización online…
- Reconversión de las universidades en unidades eficientes de transferencia de tecnología, impulsoras de empresas de base tecnológica, start-up, desarrollo de sectores emergentes, apoyo sólido para el posicionamiento de empresass en exportaciones de media y alta tecnología.
- Reconversión de la imagen turística exterior de España en cuadrilátero: gastronomía, deporte, salud y medio ambiente.
- Eficiencia de la Administraciones Públicas hacia las empresas: creación, desregulación de burocracias absurdas, incentivos a las buenas prácticas, legislación fiscal inteligente.
En España hay especialistas excelentes y talento para llevar a cabo estas políticas. El peligro es cuando el gobernante o partido de turno recurre a personas que no tienen ni la preparación o la visión para llevarlas a cabo y únicamente atienden a sus compromisos estrictamente políticos. Y claro, la final acabamos volviendo, tras mucho gasto infructuoso a aquello de que la «mejor política es la que no existe».
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