¿Cuántas impresoras han dejado de imprimir de la noche a la mañana? ¿Cuántos móviles aparentemente nuevos dejan de funcionar sin motivo alguno? Todo ello tiene una explicación: la obsolescencia programada de los aparatos electrónicos.
La Unión Europea se marca como próximo objetivo acabar con esta obsolescencia programada, y terminar así con una técnica que obliga a consumir más, cuando en realidad no es necesario.
Pero, ¿qué es exactamente la obsolescencia programada?
Hay que distinguir en este caso varias clases:
– La obsolescencia programada propiamente dicha: consiste en prever una duración de vida reducida del producto, si fuera necesario mediante la inclusión de un dispositivo interno para que el aparato llegue al final de su vida útil después de un cierto número de utilizaciones.
– La obsolescencia indirecta: se deriva generalmente de la imposibilidad de reparar un producto por falta de piezas de recambio adecuadas o por resultar imposible la reparación (por ejemplo, el caso de las baterías soldadas al aparato electrónico).
– La obsolescencia por incompatibilidad: como es el caso, por ejemplo, de un programa informático que deja de funcionar al actualizarse el sistema operativo.
– La obsolescencia psicológica: deriva de las campañas de marketing de las empresas encaminadas a hacer que los consumidores perciban como obsoletos los productos existentes. En este caso no serviría de nada, por ejemplo, obligar a un fabricante de tabletas electrónicas a producir objetos cuya vida útil sea de diez años si nuestros patrones de consumo hacen que deseemos sustituirlas cada dos años. Actualmente cambiamos nuestros teléfonos móviles cada veinte meses aproximadamente, y si hablamos de adolescentes, la cifra se reduce.
La petición del Parlamento Europeo
La petición que realiza el Parlamento Europeo se centra en las tres primeras clases de obsolescencia, y ha solicitado a la Comisión que trabaje con varias marcas de electrónica e informática para que los usuarios tengan al menos la posibilidad de reparar sus dispositivos fácilmente a través de cualquier proveedor, sin necesidad de que éste sea el de la marca del dispositivo.
Aunque de momento es sólo una petición, es evidente que el problema ya se ha puesto sobre la mesa en el Parlamento Europeo, y es obvio que tendrá consecuencias en el mercado, pues entre las recomendaciones del parlamento se encuentra exigir a los fabricantes extraer y cambiar de forma sencilla las baterías de los productos de electrónica, algo que con los móviles de última generación es misión imposible, pues están pegadas al teléfono, lo que provoca que tiremos el producto cuando éstas fallan.
Excluyendo la opción de una normativa obligatoria, el CESE fomenta las iniciativas voluntarias de certificación. Se ha recomendado la creación de una etiqueta a nivel europeo que identifique los productos que sean fáciles de reparar para que los usuarios puedan identificarlos sin problema, o bien, ampliar los periodos de garantía de los productos, en el caso de que pasen más de un mes reparándose.
Esta recomendación del Parlamento Europeo tiene su origen en el Dictamen de iniciativa del Comité Europeo Económico y Social Europeo que se empezó a elaborar en febrero de 2013: «Por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales y la información al consumidor para recuperar la confianza» cuyo ponente fue Thierry Libaert. En octubre de ese mismo año el Comité Económico y Social Europeo aprobó por mayoría dicho dictamen.
En dicho dictamen el CESE aboga por la prohibición total de los productos cuyos defectos se calculan para provocar el fin de la vida útil del aparato. Estos casos, contados pero flagrantes, como el repercutido por los medios de comunicación de determinadas impresoras concebidas para dejar de funcionar al cabo de un cierto número de páginas impresas, provoca en los ciudadanos desconfianza respecto de las empresas.
Más facilidad para reparar los productos
El CESE recomienda también a las empresas que faciliten la reparación de sus productos a través de tres formas. La primera de ellas, la posibilidad técnica (por ejemplo, las tabletas electrónicas cuyas baterías están soldadas a la carcasa del aparato para evitar cualquier reparación y obligar a comprar una nueva).
En segundo lugar, deberá mantenerse la posibilidad de que los consumidores puedan aprovisionarse de piezas de recambio durante un periodo de cinco años a partir de la adquisición. Por último, y en tercer lugar, al comprar el producto, se debería proporcionar un manual en el que se detallen las posibilidades de reparación y las instrucciones para realizarla.
La necesidad de regular la vida útil de los productos electrónicos
En el ámbito doméstico, ofrecer una garantía de diez o veinte años en el mantenimiento de un electrodoméstico es un gran reclamo publicitario para adquirir el producto.
Ofrecer este tipo de garantías podría convertirse en una norma europea aplicable a todos los productos consumidos en los 28 países de la Unión para no penalizar a las empresas europeas.
De igual modo, los fabricantes podrían comprometerse a publicar datos sobre las averías más frecuentes, puesto que conocen las más recurrentes. Podrían almacenar únicamente esas piezas o comprometerse a fabricarlas por encargo o buscar proveedores de la marca que pudieran producirlas.
Ello podría constituir un compromiso fuerte por parte de determinadas empresas de garantizar la fiabilidad de su producto y, más allá de su relación con el consumidor, se correspondería con la idea de certificación voluntaria como compromiso de facilitar aquello que sea necesario para el mantenimiento de los productos y lograr que duren.
Actualmente no existen legislaciones sobre la duración de la vida de los productos ni normas europeas que permitan evaluar este aspecto, pero es evidente que tras esta petición del Parlamento Europeo no tardaremos en verlas.
El objetivo de todo esto es que se alargue la vida útil de los aparatos electrónicos, que en muchos casos ya está programada y empieza a fallar, casualmente, al poco tiempo de caducar su garantía. Esto reducirá también la basura electrónica que produce la Unión Europea, y devolverá la confianza a los consumidores, cada vez más preocupados por el medio ambiente.
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