Como venimos comentando, el sector de las criptomonedas crece exponencialmente. En base a su novedad, la inexistencia de regulación se erigió como una de las principales características de este sector.
En la actualidad, vemos como surgen leyes con el objetivo de diseñar una estructura legal que dote de seguridad jurídica el sector de los criptoactivos. No obstante, la aparición de regulación conlleva un coste, que no es otro que el intervencionismo estatal en un sistema caracterizado por la ausencia de este.
En el sentido de lo anteriormente expuesto, se ha aprobado la Ley MiCA, también conocida como Ley para Mercados de CriptoActivos. MiCA es un reglamento europeo que será directamente aplicable en cada uno de los estados miembros.
Esta nueva regulación de la Unión Europea, se centra en ofrecer un marco regulatorio común para todo el ecosistema financiero que se da alrededor de blockchain y criptomonedas.
Se aprecian dos grandes bloques dentro de la Ley MiCA: los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios del sector y cómo se emiten determinados criptoactivos, entre los que se encuentran los Stablecoins.
En este sentido, desde que el reglamento entre en vigor, cuya publicación se llevará a cabo en los próximos meses y entrará en aplicación para los proveedores a los 18 meses a contar desde su entrada en vigor, obligará a los proveedores de servicios de criptoactivos a contar con licencias obligatorias que otorgará el Mercado Nacional de la Comisión de Valores.
Los objetivos con los que nace esta Ley son distintos, pero destaca el de proporcionar seguridad jurídica a los criptoactivos que no están cubiertos por la actual legislación de servicios financieros de la UE.
Así, los usuarios y consumidores de este servicio contarán con elementos que les permitirán estar más protegidos ante eventos traumáticos. El reglamento habilita a la Autoridad Bancaria Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados a realizar acciones de intervención financiera.
Otro de los objetivos a destacar de la nueva Ley del sector, es el de sustituir los marcos nacionales aplicables a criptoactivos no cubiertos por la actual legislación de servicios financieros de la Unión Europea. Con ello se busca crear un marco regulatorio común para este tipo de servicios, siendo MiCA un claro intento de ello.
Como se puede ver, la Ley busca crear un espacio regulatorio más seguro tanto para usuarios como para empresas, con el fin de generar nuevos proyectos e impulsar el crecimiento del sector. No obstante, la aparición de regulación legal en el sector supone un mayor control e intervencionismo estatal.
Así, el hecho de regular las operaciones a todos los niveles y reforzar la necesidad de trazabilidad y posibilidad de localizar las identidades que se hallan detrás de las operaciones, provoca cierta preocupación entre las personas que se interesaron en este sector por la libertad y privacidad que ofrece.
No obstante, bajo el esquema que se intenta trazar mediante la Ley MiCA se pretende proteger al consumidor y usuario. Además, se pueden prevenir y evitar con mayor precisión acciones ilegales que nadie desea que sean cometidas.
En conclusión, la Ley es un trabajo inicial que se centra en la creación de un marco regulatorio común con el objetivo de dotar de seguridad jurídica el sector de los criptoactivos. Sin olvidar que la premisa es buena, deberemos estar al corriente de cómo afecta el comienzo de una regulación en el sector, cuyo éxito debe en gran medida, a la ausencia de intervencionismo de terceros.
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