El Juzgado de lo Penal de Valencia condenó a dos estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) a la pena de 21 meses de prisión por haber incurrido en un delito continuado de falsedad, en concurso con el delito continuado de revelación de secretos, por haber accedido en varias ocasiones a la plataforma virtual de la universidad para hackear sus notas.
Los estudiantes accedieron de forma ilícita a la red utilizando el sistema «keylogger», mediante el cual pudieron hackear las claves y nombres de usuario, instalando dicho programa en los ordenadores que utilizan los profesores dentro de las aulas.
Tras percatarse de los hechos, la UPV incoó un expediente administrativo a los estudiantes por incurrir en una falta «muy grave», aplicándoles como medida cautelar la suspensión de la condición de alumnos. Esta medida fue levantada cuando se inició la fase de instrucción de la causa penal, rechazando la jueza la petición de la universidad para que se produjese de nuevo la suspensión.
El delito de falsedad, en este caso, se produce cuando se altera un documento con la finalidad de hacer pasar por verdadero lo que en él se muestra, incidiendo sobre aspectos esenciales de dicho documento, para así inducir a error. Este delito se encuentra recogido en el artículo 390 y siguientes del Código Penal, y lleva aparejada una pena que puede ir de los 3 a 6 años de prisión y multas que varían en función de la gravedad de las consecuencias.
Por otra parte, el delito de revelación de secretos se produce cuando ha habido un apoderamiento de información personal sin consentimiento de las personas afectadas. La tipicidad del delito se produce como consecuencia de la protección del derecho fundamental a la intimidad, recogido en el artículo 18 de la Constitución Española. Este delito lleva aparejadas penas de prisión que van desde 1 a 4 años y multas de 12 a 24 meses.
En este caso, dicha vulneración se produjo cuando los dos estudiantes hackearon los sistemas de la universidad, los cuales dan acceso a los datos de los alumnos que se encuentran cursando sus estudios. Inicialmente, la condena propuesta por la fiscalía era de 3 años de prisión, así como unas multas que iban de 3.600 euros, para el estudiante que accedió hasta diez veces al sistema para hackear las notas de seis asignaturas, y de 3.000 para el segundo de los estudiantes que utilizó el acceso en dos ocasiones para hackear las notas de dos asignaturas.
Finalmente, y tras la conformidad mostrada por los estudiantes, la fiscalía rebajó la pena inicial, siendo condenados ambos a la pena de prisión de 21 meses y al pago de una multa de 1.620 euros. Al ser una pena inferior a dos años de prisión, y al carecer ambos de antecedentes penales, la jueza acordó la suspensión de la misma. Por tanto, ambos estudiantes no ingresarán en prisión, debiendo, eso sí, pagar la multa de forma fraccionada.
Una vez finalizado el procedimiento ante los tribunales, y tras la escasa relevancia penal que han tenido los hechos, la UPV ha decidido seguir con el curso del expediente sancionador incoado a los dos estudiantes, expediente que casi con total seguridad, terminará con la expulsión de ambos, así como con la anulación de sus respectivos expedientes académicos.
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