Empresas y particulares empiezan a recuperar el "céntimo sanitario" o la historia de un despropósito

En el mes de Febrero de 2014, el Tribunal de Justicia Europeo dictó una trascendente Sentencia que declaró ilegal el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), que el Gobierno estableció en el año 2002 sobre carburantes para (según los argumentos de aquel Ejecutivo) «ayudar» a financiar el gasto sanitario. La Resolución del Tribunal Europeo declaró que ese impuesto, y sobre todo, esa argumentación, era contraria a la legislación comunitaria, interpretando además que el Gobierno Español no actuaba de buena fe.

Primeras devoluciones

Como consecuencia de esta resolución europea, la Agencia Tributaria activó todo un mecanismo para que las empresas y particulares pudiesen solicitar la devolución de este impuesto, aportando las facturas donde constase detallado el pago del impuesto «orgánico-revolucionario».

Desde el 1 de diciembre de 2014, se están empezando a percibir por parte de Hacienda las devoluciones del «céntimo sanitario» solicitadas.

Coste económico para el Estado

Las estimaciones del Ejecutivo cifran en más de 2.500 millones de euros el importe de las devoluciones, lo que supondrá para las arcas públicas esta devolución de este Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

Coste económico para las empresas

Lo que no se ha calculado es el coste que este despropósito ha tenido para las empresas. Y no nos estamos refiriendo a los intereses de ese impuesto, que efectivamente han sido acertadamente incluidos en la cantidad a devolver; sino al coste que en forma de tiempo, gestión, gastos de personal, etc. ha supuesto para las empresas españolas. La ingente cantidad de documentación, compuesta fundamentalmente por todas las facturas de carburante pagadas entre los años 2010 a 2012, ha requerido de las empresas una dedicación especial, que hubiera sido evitable si este impuesto no hubiera existido jamás.

Si algún avezado economista o auditor quisiera hacer un estudio pericial de la cuestión, seguro que encontraría a más de una empresa dispuesta a plantear una reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado por este motivo. (Foto: Pixabay)