{"id":2514,"date":"2022-03-23T13:44:28","date_gmt":"2022-03-23T12:44:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/?p=2514"},"modified":"2022-03-23T13:44:37","modified_gmt":"2022-03-23T12:44:37","slug":"proteccion-datos-alcance-las-obligaciones-impuestas-las-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/proteccion-datos-alcance-las-obligaciones-impuestas-las-empresas\/","title":{"rendered":"Protecci\u00f3n de datos: el alcance de las obligaciones impuestas a las empresas"},"content":{"rendered":"

La protecci\u00f3n que actualmente se otorga a los datos de car\u00e1cter personal de las personas f\u00edsicas impone a las empresas una serie de obligaciones destinadas a garantizar su seguridad, con el fin de evitar que sean extraviados o cedidos a terceros.<\/p>\n

Sin embargo, la normativa de protecci\u00f3n de datos no establece de manera suficientemente clara el alcance de las obligaciones impuestas a las personas jur\u00eddicas. El debate que se plantea es si es suficiente que las mercantiles adopten todas las medidas de seguridad que est\u00e9n a su alcance o si, por otro lado, la normativa impone a la empresa la obligaci\u00f3n de evitar en todo caso el tratamiento inadecuado de los datos, es decir, que la medida sea efectiva.<\/p>\n

En otras palabras, existe una controversia consistente en si la normativa impone a las empresas una obligaci\u00f3n de medios o de resultado.\u00a0 \u00a0<\/p>\n


\"\"<\/a><\/p>\n

En relaci\u00f3n con este supuesto, se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su Sentencia<\/a> n\u00ba188\/2022 de 15 de febrero.<\/p>\n

En este supuesto, el Alto Tribunal analiza la sanci\u00f3n impuesta por la AEPD y confirmada por la Audiencia Nacional a la empresa COMMCENTER, como encargada del tratamiento de los datos personales de los clientes de la empresa TELEF\u00d3NICA CONSUMER FINANCE.<\/p>\n

En concreto, algunos clientes de la financiera cedieron sus datos personales a COMMCENTER en aras a solicitar financiaci\u00f3n. Sin embargo, una empleada de la mercantil encargada de recopilar los datos introdujo una direcci\u00f3n de email falsa debido a que el proceso de contrataci\u00f3n no permit\u00eda continuar sin introducir una direcci\u00f3n de correo para cada cliente.<\/p>\n

La empleada, intuyendo que la cuenta de email era inexistente, en realidad estaba remitiendo los contratos financieros con los datos personales de los clientes a un tercero.<\/p>\n

El Supremo, en su Sentencia, a pesar de confirmar la sanci\u00f3n de 40.000 euros, difiere de la AEPD y la Audiencia Nacional, al entender que la obligaci\u00f3n de la empresa encargada de tratar los datos es una obligaci\u00f3n de medios<\/strong> y no de resultado. Por ello, lo que se debe entrar a valorar es si la mercantil implement\u00f3 las medidas de seguridad necesarias en aras a evitar la cesi\u00f3n de los datos a un tercero.<\/p>\n

Como bien razona la resoluci\u00f3n, la empresa no ser\u00e1 culpable, si ante un hecho imprevisible se crea una brecha de seguridad que el sujeto no hubiera podido evitar siquiera aplicando las m\u00e1s estrictas medidas.<\/p>\n

Sin embargo, motiva el Supremo que, en el a\u00f1o 2018, cuando sucedieron los hechos, exist\u00eda un sistema de verificaci\u00f3n de correo electr\u00f3nico. Era el llamado doble opt-in, el cual permit\u00eda verificar que los usuarios eran quienes dec\u00edan ser, y no robots que creaban suscripciones autom\u00e1ticas o terceras personas. Este sistema, hubiese impedido a la empleada introducir una direcci\u00f3n existente err\u00f3nea, y, por tanto, se hubiese evitado la cesi\u00f3n de los datos de los clientes a un tercero.<\/p>\n

Por ello, entiende el Alto Tribunal que la mercantil encargada del tratamiento de los datos no emple\u00f3 todas las medidas que estaban a su alcance <\/strong>para evitar que la informaci\u00f3n personal de los perjudicados se cediese.<\/p>\n

Ni siquiera las alegaciones relativas al error de la empleada o a que los perjudicados firmaron el documento impidieron la sanci\u00f3n impuesta. Entra el Supremo a valorar, que tales hechos son valorables a la hora de cuantificar la sanci\u00f3n, pero no al objeto de decidir la procedencia de la misma.<\/p>\n

En definitiva, pese a la posible ambig\u00fcedad jur\u00eddica en los t\u00e9rminos expresados en la normativa aplicable, las empresas deben estar al corriente de las \u00faltimas tecnolog\u00edas en materia de tratamiento de datos personales. Todo ello en la medida en que, a la hora de valorar la procedencia de sanciones, los organismos p\u00fablicos y los tribunales valorar\u00e1n si se han empleado los medios necesarios para evitar el tratamiento inadecuado, con independencia de la efectividad real de la medida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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