Mientras la ayuda al desarrollo no sea
ni la mitad del 0,7% de PIB y no se firmen convenios serios con los países
de origen esta situación se seguirá produciendo o agravando porque
España es vista por los africanos como un paraíso, a juzgar por
sus crudas historias personales. La política de tiros, la
demagogia barata y la falta de cordura en materia de inmigración eran,
hasta ayer, patrimonio exclusivo del Partido Popular (PP). José Luis Rodríguez
Zapatero ha dado un giro conservador en su programa de gobierno enviando tropas
del ejército a la frontera hispano-marroquí de las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla, convirtiendo un asunto estrictamente humanitario en una cuestión
militar. El gobierno socialista, con el apoyo de Izquierda Unida (IU) y
de las formaciones nacionalistas, ha emprendido pasos muy valiosos para normalizar
la situación de los inmigrantes que viven en España dando paso a
un proceso de regularización que sacó a flote la economía
sumergida existente, generando unos fuertes ingresos en las arcas de la seguridad
social. Asimismo, se ha invertido más dinero en políticas de adaptación
de la sociedad hacia los extranjeros y viceversa. Consuelo Rumí, Secretaria
de Estado para la Inmigración, está desempeñando una tarea
difícil razonable bien ya que ha comprendido que la presencia de ciudadanos
foráneos es rentable desde el punto de vista cultural y económico,
siempre y cuando exista una sociedad preparada para ello. La actual administración
no ha gestionado la inmigración como un problema, no ha caído en
la simplificación ni ha mirado para otro lado como antes. No obstante,
no se termina de entender el cambio de actitud de Zapatero, que por cierto acaba
de impulsar un proyecto en el cual se esboza que cualquier misión militar
debe estar respaldada por el Congreso de los Diputados. Si bien no se trata de
un envío de tropas al exterior, el gobierno no debe actuar unilateralmente
y al margen del poder legislativo porque en este reside su legitimidad. El
control de fronteras no se arregla con balas, detenciones o expulsiones masivas.
Mientras la ayuda al desarrollo no sea ni la mitad del 0,7% de PIB y no se firmen
convenios serios con los países de origen esta situación se seguirá
produciendo o agravando porque España es vista por los africanos como un
paraíso, a juzgar por sus crudas historias personales. Zapatero debe profundizar
su “alianza contra el hambre” que inició junto al Presidente de Brasil,
Luiz Inácio “Lula” da Silva, y redoblar sus esfuerzos en el seno de Europa
para que la cooperación al tercer mundo empiece a tener un espacio destacado
en la agenda política y en el presupuesto comunitario. La gran mayoría
de los ciudadanos de Ceuta y Melilla dieron una lección de solidaridad
a la clase política al ayudar a los cuantiosos subsaharianos que cruzaron
la valla que separa Marruecos del territorio español. Las organizaciones
no gubernamentales se volcaron hacia la asistencia de estos seres humanos, que
tienen la misma condición que los concejales o empresarios que ha matado
ETA, aunque para el PP haya claramente muertos de primera y segunda categoría
ya que han intentado sacar rédito político de la muerte de cinco
inmigrantes. Da igual, como no tienen derecho a voto. El líder conservador,
Mariano Rajoy, estuvo en consonancia con la mediocre gestión migratoria
que durante ocho años de gobierno ejerció de forma excluyente, inhumana
e irracional José María Aznar, criminalizando a los inmigrantes
y negándose a poner en funcionamiento mecanismos serios para la integración
de los mismos en la sociedad. Su discurso populista y xenófobo no
es lo que necesita España para afianzar una sociedad plural y plenamente
democrática, es por ello que Zapatero debe rectificar en su giro hacia
posiciones reaccionarias y no utilizar pistolas contra personas indefensas. Esa
no es una actitud socialista ni de izquierdas.
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